TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIA SOBRE USO DE CIERTOS DATOS PERSONALES POR PARTE DE LAS CENTRALES DE RIESGO

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En una sentencia del 7 de agosto del 2014 dada a conocer recientemente (Exp. Nº 03700-2010-PHD-TC), el Tribunal Constitucional ha precisado los datos personales de los que pueden hacer uso las Centrales Privadas de Riesgo (CEPIR) cuando ejercen sus funciones, indicando que éstos no tienen por qué incluir información sensible como la dirección del sujeto, sus números telefónicos o los cargos que ha ocupado durante su vida laboral.

Conforme al colegiado, es legítimo y acorde con el derecho a la libertad de contratación que exista un flujo continuo de información de riesgos en el mercado pues ello permite brindarle al sistema financiero un determinado nivel de certeza y confianza al momento determinar si le conviene o no otorgar un crédito determinado a un sujeto que participa del tráfico económico.

De esta forma, el historial crediticio de una persona (entendido como su capacidad de pago, de endeudamiento y voluntad para honrar sus deudas) sí puede ser conocido por cualquier persona que contrate los servicios de estas centrales, sin que ello suponga una vulneracion de la Constitución. La información puede incluir tanto a las deudas impagas como a las oportunamente canceladas, ya que ambas resultan relevantes al momento de establecer que tan confiable puede ser un prestatario.

Sin embargo, y este es el punto que ha generado mayor polémica, el Tribunal interpreta que las Centrales Privadas de Riesgo  no pueden compartir determinados datos personales de los sujetos sometidos a evaluación crediticia, ni siquiera si esta obra en bases de datos públicas como la dirección domiciliaria (que está en la base de datos que RENIEC comercializa), el número de teléfono (que puede extraerse de las guías telefónicas o páginas blancas) o el cargo laboral ocupado.

Esto se debe, de acuerdo al órgano constitucional, a que la finalidad legal de las CEPIR se limita única y exclusivamente  a brindar información útil sobre el comportamiento crediticio de los sujetos, para lo cual resulta irrelevante conocer datos como su número telefónico, su dirección o los cargos por los que pasó.

Si bien podría alegarse, como de hecho lo hizo el demandado en el proceso, que dicha información se encuentra al alcance de todos en bases de datos públicas y por tanto puede ser comercializada como un plus por cualquiera, el TC ha entendido que en materia de recolección de datos personales las entidades que se encuentran reguladas y autorizadas por ley para tal fin deben limitarse a participar de dicha actividad solo con relación a los propósitos para los cuales existen. Deben ceñirse a recolectar los datos personales que necesiten para cumplir con su función y no pueden ir más allá.

Ello, sin embargo, no significa una prohibición para que periodistas o cualquier privado emplee la información de bases de datos personales en las investigaciones académicas o periodísticas que desarrolle, ya que el TC se ha pronunciado solo respecto de entidades reguladas por Ley, como lo son las CEPIR.

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