Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia niega al Centro Liber información sobre la remuneración de peritos de la Fiscalía

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El Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia confirmó la decisión de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de denegar el pedido del Centro Liber de acceder a información relativa a la remuneración recibida anualmente por los peritos asignados a las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

En respuesta al recurso de apelación interpuesto el 31 de julio por Julio Arbizu, Director del Centro Liber, el Fiscal de la Nación consideró que el objeto del pedido está referido a datos personales cuya publicidad constituye una invasión a la intimidad personal y familiar.

Refirió que la información no es pasible de ser otorgada toda vez que el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), que obliga a las Entidades de la Administración Pública a publicitar el monto de las remuneraciones de los funcionarios y personal en general a través del portal web de la entidad, solo exige difundir información general o por rango salarial, y no de naturaleza específica o individualizada. Al amparo de esa interpretación, el recurso de apelación fue declarado infundado.

Para el Centro Liber la decisión es arbitraria porque se trata de una interpretación –sin fundamento- que intenta restringir el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, estableciendo limitaciones que no se encuentran dentro de las establecidas taxativamente por la LTAIP.

Asimismo, esta decisión va contra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha señalado en los Expedientes 04407-2007-PHD/TC y 03769-2012-PHD/TC que la remuneración de funcionarios y servidores públicos deben ser de posible conocimiento por parte de la ciudadanía.

Aunque el Centro Liber no solicita la remuneración de un perito en específico sino en general, pedir el monto de los ingresos económicos provenientes del sector público de un funcionario público con nombre y apellido no presenta ningún inconveniente. Por ejemplo, en el Expediente 044-2007-PHD/TC, el Tribunal Constitucional ordenó que se entregara a un ciudadano la información relativa a la remuneración que percibieron una serie de ministros determinados, con nombre y apellido. La decisión del Ministerio Público es preocupante.

Puede revisar aquí la decisión del Fiscal Ramos Heredia.

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