Estadística entregada por el Poder Judicial en materia de delitos contra la Administración Pública es confusa e inverosímil

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En junio del año pasado, el Centro LIBER cursó un pedido de acceso a la información pública al Poder Judicial, solicitando información sobre los procesos por corrupción de funcionarios, conocidos por su entidad. El reporte entregado por el PJ arrojó como resultado la constatacion de lo lejos que estamos en el Perú de contar con un sistema apropiado de estadística para la contabilización de condenas y absoluciones judiciales.

Los datos más reveladores fueron los vinculados a la estadística que manejaba el Poder Judicial sobre la cantidad de condenas por colusión y peculado desde el año 2010 a nivel nacional. La escasa cantidad de condenas registradas por dos de los delitos más importantes que se cometen en perjuicio de la administración pública, así como la confusa forma de presentar la información por parte de la Gerencia de Informática, son los aspectos a destacar.

Tomemos como ejemplo el distrito judicial de Lima. El Poder Judicial nos hizo llegar el cuadro que ilustra este texto. Como puede apreciarse, existen diversos indicadores para expresar el estado de una sentencia: “Condenatoria”, “Absolutoria”, “Aprobada”, “Confirmada”, “Desaprobada”, “Ninguno”, “No hay mérito para pasar a juicio oral”, entre otros.

Varios de estos no quedan claros. ¿Qué es exactamente una sentencia aprobada o desaprobada? Si por esta locución la Gerencia de Informática se refiere a las sentencias cuyo sentido fue confirmado por una instancia superior en grado de apelación, entonces ¿Por qué hay otro indicador titulado “Confirmada”? Se supone que las sentencias que suben en grado de apelación son confirmadas, revocadas o anuladas por la instancia superior, de modo que no se entiende qué diferencia puede haber entre la voz “Aprobada” y la voz “Confirmada”. ¿Cómo interpretar estas cifras?

Más extraña aún es la presencia del indicador “Ninguno” para expresar el sentido de un fallo. Al respecto, el Centro LIBER formuló una segunda petición de acceso a la información a la Gerencia de Informática del PJ el día 26 de junio del 2014, consultando a qué se refería el descriptor mencionado. La respuesta de la Gerencia General del Poder Judicial fue la siguiente:

“Debo informar que la descripción del fallo “ninguno” significa que el órgano jurisdiccional no ha registrado en el sistema el sentido del fallo y esto se puede deber a diversos factores considerando que en muchos casos son expedientes que se originaron antes de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal y no todos los órganos jurisdiccionales permanentes o transitorios (de descarga) contaban, en esa época, con interconexión y/o con el sistema de seguimiento de expedientes, lo que generaba que el órgano jurisdiccional no pudiese descargar el sentido del fallo” .

Críticas similares pueden hacerse al indicador “Fundada”. En materia penal, este es un término que se utiliza para expresar la decisión respecto de las excepciones que se puedan interponer en un proceso, pero no respecto de la sentencia de fondo. De hecho, si éste término se utiliza con respecto a una excepción, la consecuencia es que el proceso termina y la causa es sobreseída y archivada (a menos que se trate de la excepción de naturaleza de juicio). Pero entonces, la cifra de procesos en los que se declaró fundada una excepción debería sumarse a la de sentencias absolutorias, dado que los efectos son similares para efectos prácticos. ¿Por qué se registran ambas en indicadores diferentes?

En resumen, resulta preocupante que el Poder Judicial no cuente con estadística clara en torno a la cantidad de condenas que se han producido en los últimos años por los delitos de colusión y peculado (ni probablemente por ningún otro), en especial porque estos dos delitos están muy vinculados con un tema tan sensible en nuestro país como lo es la corrupción, siendo los que registran la mayor incidencia de denuncias, de acuerdo a cifras del Ministerio Público .

Las cifras de condenas expresamente señaladas como tales en la tabla son demasiado bajas para resultar verosímiles, particularmente en el caso del delito de colusión. Incluso aceptando que el número total de condenas podría no ser muy elevado por tratarse de un delito difícil de probar, aceptar que solo hubo 3 en el distrito judicial de Lima, desde el 2010 hasta julio del 2014, resulta difícil de creer. El indicador de “Ninguna”, por otro lado, registra solo una unidad para este delito, de modo que incluso si esta sentencia fuese condenatoria la cantidad final resultante seguiría siendo inverosímil. Definitivamente algo está mal en el registro estadístico que el Poder Judicial está llevando.

En lo que respecta al delito de peculado, la cantidad de condenas mejora, ya que sumando todas sus formas se obtiene la cantidad de 198 condenas, desde el 2010 hasta julio del 2014. No se sabe, sin embargo, qué tan cercana a la realidad es esta cifra, dado que el indicador “Ninguna” suma 344 registros entre todas las formas de peculado. Si solo la mitad de esta cifra correspondiera a sentencias condenatorias no registradas por los problemas logísticos indicados por la Gerencia de Informática del Poder Judicial , la cantidad total de condenas por peculado en el lapso señalado equivaldría a 370. Esto significa que tampoco se puede tener una idea relativamente exacta acerca de la cantidad de condenas de peculado emitidas por el PJ desde el 2010, ya que dependiendo del sentido y cantidad de las sentencias registradas bajo el rótulo de “ninguna”, la cifra podría variar drásticamente.

Por todo ello, este pedido sirvió además para revelar la actual precariedad en el manejo de las estadísticas de sentencias por parte del Poder Judicial. No hace falta precisar que sin estadísticas claras no se pueden formular políticas anticorrupción eficaces, y el sistema se termina dirigiendo y construyendo “a ciegas”.

Puede ver el reporte completo de condenas por diversos delitos de corrupción de funcionarios entregado por el PJ aquí.

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